El asesinato de Fernando Báez Sosa debe tener un castigo ejemplar. Las investigaciones previas auguran ese final. Pero también nos debe llamar a una profunda reflexión, despojada de todo montaje mediático, que apunte en dos sentidos: las causas estructurales fundantes de este brutal crimen y el accionar de los organismos estatales correspondientes y las fuerzas de seguridad tanto públicas como privadas.

Sería simplista y hasta errado calificar a este atroz hecho como producto del salvajismo, de la irracionalidad. Se ha borrado hasta límites impensados la capacidad de discernir, de debatir, de disentir. La violencia simbólica sin freno discurre por las redes sociales y por los medios de comunicación. Dirigentes políticos y periodistas insultan, agreden y facilitan ambientes de extrema violencia con la impunidad que dan las redes, el micrófono, las imágenes y los jueces. El otro, el diferente se transforma así en un peligro, en un enemigo a destruir. En esta batalla cultural, de un lado están los pobres, los negros, los que tienen planes sociales, los jubilados que no aportaron, que son “sostenidos” por la gente bien, los blancos, los que pagan impuestos, que, aunque sean fugadores seriales logran imponerse en los grandes medios de comunicación. En esto se inscribe y explica el asesinato de Fernando.

No echemos la culpa al consumo excesivo de alcohol o drogas. Eso no necesariamente los transforma en asesinos en banda. La violencia física legitima ese sistema de valores y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Debe hacerse públicamente. No se puede ser ingenuos de pensar que no sabían de la existencia de cámaras de seguridad y de celulares que lo filmaran, por eso también la necesidad de exhibirse con la impunidad de los que se sienten superiores. De los ganadores. Por algo las cárceles están llenas de pobres.

Vamos al segundo eje a analizar que planteábamos al principio. El Estado debe plasmar definitivamente políticas de Seguridad Ciudadana que excedan los recurrentes circos electorales. Y no se reduce a la ampliación de la cantidad de efectivos como plantean todas las administraciones que se suceden en los poderes ejecutivos. Este no fue el caso del accionar de una temible organización delictiva o terrorista con integrantes profesionales y que actúan desde la clandestinidad. Si la seguridad de boliche hubiera coordinado acciones con las fuerzas policiales antes de la expulsión de los jóvenes, se hubiese prevenido el asesinato que, si bien podemos decir que no fue planificado, era totalmente previsible. Actuaron a cara descubierta en la principal arteria de la Ciudad. No hubo un protocolo de actuación y cuando existe esta carencia los resultados son impredecibles. No hay capacitación para enfrentar estos acontecimientos que año tras año son los principales focos de violencia en Villa Gesell. No hay coordinación. La seguridad privada debe dejar definitivamente de ser solo un rentable negocio con trabajadores precarizados para transformarse en parte del dispositivo de Seguridad Ciudadana.