La crisis institucional de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) está lejos de cerrarse. Por el contrario, en las últimas semanas volvió a estallar el malestar interno luego de que se conociera la convocatoria a una asamblea en la que, según se desprende del propio edicto publicado en la prensa gráfica, se buscaría habilitar la venta de buena parte del patrimonio histórico del sindicato.
Mientras desde la conducción formal del gremio intentan desmentir cualquier intento de vaciamiento, el texto del aviso legal es claro: la asamblea ordinaria y extraordinaria fue convocada para tratar la aprobación de múltiples memorias y balances atrasados y, al mismo tiempo, autorizar la venta, leasing o disposición de una larga lista de inmuebles distribuidos entre Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Mendoza y otras localidades del país.
Elecciones cuestionadas y una conducción en la mira
Distintas agrupaciones de la seguridad privada recuerdan que la actual conducción de Ángel García ya había sido fuertemente cuestionada por el proceso electoral que lo ratificó al frente del gremio, así como por la entrega exprés de la certificación de autoridades. Varios sectores continúan judicializando ese proceso, señalando irregularidades estatutarias y una llamativa velocidad de convalidación por parte de las autoridades laborales.
Para estas agrupaciones opositoras, la nueva convocatoria a asamblea no es un hecho aislado, sino una nueva maniobra para blindar políticamente a García, utilizando como variable de ajuste nada menos que el patrimonio construido durante décadas con los aportes de los trabajadores de seguridad privada.
Venta del patrimonio y balances atrasados
La molestia interna es profunda: después de más de 45 años de historia gremial, los afiliados se enteran por los diarios que se propone la venta de casi todos los bienes significativos del sindicato y su entorno institucional, en un contexto en el que se adeudan más de 5 balances y persisten serias dudas sobre la contabilidad.
Mientras a otras organizaciones se les objeta hasta el atraso de un solo ejercicio, en el caso de UPSRA parece haberse naturalizado un nivel de impunidad administrativa que no encuentra explicación ni en el Ministerio de Trabajo ni en el actual Ministerio de Capital Humano, hoy responsables del control legal y contable de las asociaciones sindicales.
Lluvia de procedimientos preventivos de crisis
A esta situación se suma otro frente de conflicto: la ampliación constante de los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) en el sector de la seguridad privada, muchos de ellos firmados con la participación de la propia conducción de UPSRA.
En las últimas semanas se sumaron 11 nuevas empresas a la nómina de firmas con PPC presentados y/o aprobados, profundizando el deterioro salarial y la pérdida de derechos para miles de vigiladores. Estos acuerdos impactan directamente en:
los salarios presentes,
los fondos de desempleo ante despidos,
y las futuras jubilaciones de los trabajadores.
El sector empresario alega dificultades económicas, pero cada nuevo preventivo se convierte en una herramienta para bajar costos a costa de los trabajadores, con el aval de una estructura gremial que debería defenderlos.
Malestar creciente entre trabajadores y empresas
El descontento no solo se siente entre las bases gremiales. Incluso parte del sector empresarial mira con preocupación el escenario de anarquía y desorden institucional: una conducción cuestionada, balances sin aprobar, venta de patrimonio y una batería de PPC que rompe el mercado y precariza la actividad, generando competencia desleal entre empresas y tirando hacia abajo las condiciones laborales en todo el país.
En los pasillos del gremio y de la obra social OSPSIP se habla abiertamente de la posibilidad de una intervención tanto de la obra social como del sindicato, que podría activarse con el recambio de ministros y secretarios del Gobierno libertario.
Interna familiar y continuidad del modelo
Lejos de dar señales de recambio, trascendió que Ángel García pretende dejar a su hijo Diego Garcia al frente del sindicato, pero las versiones que circulan señalan que el heredero habría adoptado rápidamente los mismos vicios: firmar procedimientos preventivos de crisis y sostener el mismo esquema de manejo cerrado.
