El miércoles 9 de mayo nos movilizaremos hacia el Congreso exigiendo el inmediato cese de los brutales tarifazos en los servicios públicos, que literalmente se tornan impagables. A los ya magros salarios que tienen los trabajadores de seguridad privada, producto de más de 40 años de la existencia de un sindicalismo patronal que permitió claramente aumentar la rentabilidad de las empresas a costa de nuestra explotación, se suma ahora el costo del pago de los servicios públicos que representan cada vez una porción mayor de nuestros ingresos, en un contexto de una gran escalada inflacionaria.
Peor aún, se rumorea que el gobierno impondrá en nuestra actividad un incremento salarial que oscila entre el 12 y 15%, cuando al día de hoy todos los analistas y desde distintas visiones, señalan que la inflación rondará entre el 25 y 27%, es decir que por tercer año consecutivo seguiremos perdiendo poder adquisitivo.
Por eso marchamos junto a otras organizaciones gremiales y sociales. Es necesario decir basta, y justamente el Congreso Nacional estará tratando un proyecto de ley que le ponga fin definitivamente a esta obscena transferencia de dinero de los sectores populares hacia las empresas monopólicas de servicios públicos.
