El Bloque Nacional de Seguridad Privada de la Republica Argentina compuesto por la UPSRA de Leónidas Requelme y Los Custodios del moyanista Christian López, observan con particular preocupación la actual situación de la Obra Social del Personal de Seguridad e Investigaciones Privadas (OSPSIP) y plantean una serie de medidas legales contra las cámaras empresariales cómplices de financiar el desvío de fondos y el manejo fraudulento de la obra social.
Cómo es de público conocimiento, la obra social de los vigiladores está actualmente intervenida por un decreto del presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, debido irregularidades contables, administrativas y financieras. Las auditorias realizadas por la Superintendencia de Salud, registran graves atrasos en las prestaciones, además de constatar negligencia al no contestar los reclamos y las citaciones del ente regulador, y extraños manejos en las afiliaciones. La administración de OSPSIP estuvo hasta hace un tiempo en manos de Ángel García y Celeste Ferrara, quienes están denunciados penalmente por administración fraudulenta (causa 36154/17) La obra social tuvo graves atrasos en las registraciones contables, los escasos registros encontrados eran llevados en cuadernos de almacenero y no practicaban ningún tipo de control a las prestadoras de salud. Al momento de la intervención, OSPSIP estaba en una situación institucional inestable, básicamente por el endeble presente de su entidad base, la UPSRA. Recordemos que unos meses antes, Ángel García fue repuesto en funciones por una polémica medida judicial, que aunque legal, no cuenta con legitimidad, es provisoria, y no representa la voluntad de los afiliados expresada en los comicios electorales.
Las innumerables denuncias a la obra social de los vigiladores fue otro de los detonantes que generó su intervención: se registran una gran cantidad de amparos por incumplimiento en las prestaciones, por la falta de atención a pacientes oncológicos, con patologías crónicas y por la falta de entrega de medicamentos a pacientes con inmunodeficiencia adquirida (HIV) Sin dudas, la administración fraudulenta que está investigando la justicia por parte de García-Ferrara, trajo un daño irreparable a la salud y la vida de los trabajadores de seguridad. Hoy, este binomio reclama que les sea devuelta la obra social, denunciando al interventor por el vaciamiento que ellos mismos realizaron.
El informe del interventor del día 27 de julio pasado destaca que “El relevamiento realizado nos deja datos concretos sobre la gravedad institucional sobre la O.S.P.S.I.P. pesaba una deuda aproximada de más $600.000.000 (seiscientos millones de pesos); 581 cheques rechazados por falta de fondos por más de $100.000.000 (cien millones de pesos); la pérdida de 19.000 beneficiarios en los últimos 4 años; cortes de servicios prestacionales por falta de pago en todo el territorio nacional; una nómina de 317 empleados en relación de dependencia; falta de una sede propia; retraso de presentación de los Balances de la entidad desde el año 2017; carecimiento de auditoría médica a las facturaciones recibidas y una sorprendente cantidad de reclamos judiciales de todo tipo.”
La postura del Bloque Nacional de Seguridad Privada es velar por la integridad y la salud de los trabajadores de seguridad. Instamos a la intervención a qué su gestión sea eficiente y normalice está institución. Implementaremos las medidas administrativas y legales que sean necesarias para que los responsables de este vaciamiento no puedan volver a dañar la salud de los vigiladores, e iremos por el sector empresarial que, consientes de está malversación, han financiado económicamente semejante desfalco en desmedro de la salud y la vida de los afiliados.
El Bloque Nacional de Seguridad Privada reclama la normalización de la actividad y de la obra social de los vigiladores.
